CASO NEGREIRA La Fiscalía pide que Joan Laporta declare como testigo en el 'caso Negreira' por GERMÁN GONZÁLEZ /El Mundo Barcelona

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  Barcelona

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El Ministerio Público cree que se produjo un delito continuado de corrupción en los negocios que puede ampliar la prescripción de cinco a 10 años

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A la espera de formalizar la denuncia en las próximas horas siguen apareciendo detalles sobre la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentará en los juzgados por el 'caso Negreira'. El texto se orienta contra el ex presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, contra el ex presidente, Josep Maria Bartomeu, así como contra dos de sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler, además del club como persona jurídica. En concreto, el Ministerio Público considera que los denunciados cometieron un delito continuado de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, y otro de administración desleal, que iría contra los ex responsables de la entidad azulgrana.

Según ha podido saber EL MUNDO, la denuncia insta a que declaren como testigos todos los presidentes del Barcelona desde 2001 a 2018, lo que incluiría al actual, Joan Laporta, que estaría afectado por el caso en virtud de su primer mandato (2003-2010). Fuentes judiciales no descartan que durante la instrucción del procedimiento se considere que estos ex dirigentes, entre los que también está Sandro Rosell, puedan acabar investigados, ya que en los delitos continuados la prescripción pasa de cinco a diez años, aunque antes se debe comprobar su responsabilidad en estos pagos al ex árbitro. En el caso de Laporta, como presidente actual, si su situación mudase de testigo a investigado por alguna circunstancia, le dejaría en una posición incómoda.

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La investigación se centra en los 1,4 millones pagados por el Barça entre 2016 y 2018 a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) a traves de dos de sus sociedades, Dasnil 95 y Nilsad. Presuntamente se libraron facturas ficticias al club azulgrana por «asesoramiento técnico de vídeos», pese a que el Ministerio Público considera que serían por otros conceptos diferentes a lo estipulado. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona espera esta denuncia del fiscal para acumularla a la querella del árbitro de VAR Estrada Fernández.contra Negreira y su hijo, pese a que no está admitida a trámite. Todo apunta a que abrirá una investigación con estos dos escritos de acusación.

Los pagos continuados del Barça al ex árbitro empezaron en 2001 y alcanzarían los casi siete millones de euros durante el tiempo que tuvo responsabilidad dentro del estamento arbitral. Sin embargo, la investigación se centra en los dos años anteriores a que Bartomeu suspendiera el abono de dinero a Enríquez Negreira y cortara la colaboración con él, lo que no sentó nada bien al ex dirigente arbitral, que envió varios mensajes amenazantes al Barça, como adelantó EL MUNDO.

UN AÑO INVESTIGANDO

Hace casi un año que la Fiscalía investigaba a Enríquez Negreira tras una denuncia de la Agencia Tributaria. En la inspección se encontraron pagos millonarios del Barça: a Dasnil 95 SL 532.728,02 euros en 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en 2018, fecha que coincide con se salida del Comité. El ex árbitro aseguró que eran a cambio de asesoramiento verbal, por lo que no había documentos sobre los presuntos trabajos que constaban en las facturas, para garantizarse neutralidad. Sin embargo, no quiso declarar ante la Policía cuando fue citado a instancias de la Fiscalía.

Lo hicieron los ex responsables del club que confirmaron estos pagos. Bartomeu señaló que los trabajos del ex dirigente arbitral se hicieron y que consistían en asesoramiento acudiendo a las instalaciones del Barça a dar charlas a los empleados. El ex presidente azulgrana negó irregularidades, además de afirmar que desconocía la empresa que los facturaba.

En los próximos días, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona abrirá diligencias contra el ex árbitro y los ex responsables del Barça, además de contra el club, por estos delitos. La investigación la liderará la magistrada de refuerzo del juzgado, ya que el juez Joaquín Aguirre ultima las piezas del 'caso Voloh'. El juzgado recibió la semana pasada la querella de Estrada Fernández contra Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, administrador de algunas sociedades, por corrupción en los negocios. Por el momento, la Fiscalía sólo acusa al padre.

DISOLUCIÓN DEL BARÇA

Fuentes judiciales han explicado a este medio que el delito de corrupción en los negocios se comete simplemente con el ofrecimiento de acciones que promuevan la alteración deportiva y el pago por este motivo, independientemente si se lleva a cabo o no. Este será el principal caballo de batalla de la acusación para intentar demostrar que los ex responsables del Barça cometieron este presunto fraude. Además, señalan que el hecho de que se considere delito continuado podría hacer que la prescripción pasara de cinco a diez años desde el motivo de la denuncia, por lo que también se podría investigar a Sandro Rosell, que es quien ordenó los pagos al ex árbitro durante su etapa al frente del club. Estas cuestiones se deben dirimir en la instrucción judicial.

El Código Penal establece que el delito de corrupción en los negocios castiga al directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa que, "por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados" u "ofrecimiento o promesa de obtenerlo". En su modalidad deportiva, el artículo 286 bis establece que también se puede castigar a la entidad juridica, como es un club de fútbol, así como a "los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva",

Las penas previstas van de los seis meses a los cuatro años de cárcel junto con inhabilitación especial y multa. del triple del valor del beneficio o ventaja obtenido ilícitamente. Además, el Código Penal establece que se podría multar y sanciona a las entidades jurídicas condenadas, como sería en este caso el Barça, no sólo con su inhabilitación para competir sino, en caso extremo, ordenar la disolución.