El perfil autoritario, autocrático e intervencionista del gobierno de Hugo Chávez en materia deportiva, comienza a mostrarse con la firma del Convenio con Cuba que implicó la traída al país de más de 10.000 entrenadores deportivos para apoyar “voluntariamente” el programa Barrio Adentro Deportivo y la consolidación de los Consejos Comunales como uno de los brazos milicianos de nuestra revolución.
A partir de ese momento, se desarrolla una intolerancia ideológica del régimen en el sector deportivo, que se manifiesta con la persecución, atropello e intervención de la Federaciones Deportivas con el propósito de obligarlas a modificar el Art. 26 de los Estatutos del Comité Olímpico para permitir que un funcionario de gobierno fuese candidato a los cargos de elección en el Comité Ejecutivo del organismo. Hecho este que al poco tiempo hizo posible el asalto al Comité Olímpico y a las Federaciones Deportivas.
Ya con el control del Comité Olímpico y de las Federaciones Deportivas, se procede a desmantelar el proceso de descentralización iniciado con la elección de gobernadores y alcaldes en 1989, con el despojo de las instalaciones deportivas a los gobiernos de oposición regionales Zulia y Táchira, pasando la administración de las mismas al Instituto Nacional de Deporte. El siguiente zarpazo totalitario fue el de la suspensión de los Juegos Nacionales en aquellas entidades gobernadas por sectores de la oposición.
En relación con el deporte universitario, se puso en práctica una política orientada a ir minando la autonomía del sector en lo concerniente a la organización y desarrollo de los Juegos Universitarios (Juvines) por parte de la Federación Deportiva de Educación Superior (Fevedes). En el año 2010, los juegos correspondían a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y de manera arbitraria les fue arrebatada la sede para otorgársela a la Unefa, militarizando todo lo concerniente al Comité Organizador del evento. Igual modus operandi fue aplicado contra la Universidad de Carabobo sede de los Juvines 2012.
La aprobación de la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte permite que se establezcan las bases de la supremacía socialista y revolucionaria en materia deportiva. La modificación del paradigma organizacional permitirá que los Consejos Comunales pasen a ser la base piramidal del deporte y en consecuencia todo el voluntariado oligarca del deporte como son los clubes, ligas y asociaciones serán sustituidas por las Comunas. La base jurídica contenida en la referida Ley, brinda un marco legal que somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario. Entre los principios rectores contemplados en el referido texto destacan los siguientes:
- El dogma, según el cual el Estado Revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. Eliminando de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.
- Acabar con la descentralización del sector. El deporte será centralizado y dirigido únicamente por el “Sistema Nacional de la Actividad Física y Deportiva”.
- La modificación estructural de la Organización Deportiva Nacional al establecer como Unidad Básica del Sistema a los Comité de Deporte y Recreación de los Consejos Comunales. Lo que va a permitir el control de las asociaciones y Federaciones.
- Transfieren a los Consejos Comunales la administración directa del servicio público deportivo prestado por los municipios y los estados. Lo que significaría en la práctica la liquidación de los Institutos o Fundaciones que a nivel regional y municipal que son los encargados de dirigir las actividades deportivas.
- A los organismos privados relacionados con el deporte profesional le establecen una Comisión Nacional contra la mercantilización del deporte y el deportista, con el objetivo final de acabar de una vez por todas con “la perversa práctica capitalista y neo-liberal de la explotación comercial del deporte”.
- El Programa de Atención Integral al Atleta aprobado será sustituido por la creación de Comisiones Nacionales contra el tabaquismo, alcoholismo, sustancias nocivas, publicidad, alerta a la tecnología excesiva (sic) y el sedentarismo. La protección económica solo será para aquellos identificados y sumisos con el régimen.
- Se amplía la base electoral de las organizaciones deportivas otorgando el derecho a elegir y ser electo a los atletas activos o retirados, jueces, árbitros, entrenadores. Esta normativa establece una incongruencia jurídica al permitir a los atletas activos ser “Juez y parte” en los organismos deportivos.
Esta situación de regresión institucional busca acabar con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional.
A manera de síntesis, pudiera decirse que los 23 años del régimen chavista (1999-2022), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales, la "naturalización express" de atletas extranjeros, la falta de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y el grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra mas del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.
La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de "condenados a muerte", los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.
La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo, Mundial de Softbol femenino entre otros. La inasistencia a eventos internacionales programados, por incapacidad gerencial que pretenden esconderlas con señalamientos contra el imperio norteamericano y la guerra económica. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de “entrenadores” y los juegos del “Alba”. La permanente suspensión de los Juegos Nacionales. En el marco de este trágico y perverso cuadro, destaca la perdida de nuestra hegemonía deportiva en los Juegos Deportivos Bolivarianos frente a Colombia a partir del 2013 y la reciente agresión a los periodistas deportivos Irving Guanipa y Julio Barazarte, ordenada por el Ministro del Deporte, por el simple hecho de no gustarle las preguntas que hacían.
Esta situación de regresión institucional solo busca imponer un régimen totalitario que acabe con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la Libertad de Expresión, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores activos y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional.
En fin, el tiempo presente es duro y difícil. Nada que celebrar en este nuevo aniversario del Día Nacional del Deporte, y sí, mucho porque luchar.
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