El calado de las acusaciones de Fiscalía convierte al 'caso Negreira' en el más grave de la historia del fútbol español. A la espera de que lo determine el proceso de instrucción que ahora se inicia, dos de sus presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, deberán responder por delitos que no cometieron únicamente ellos, sino también Joan Gaspart y Joan Laporta. Es decir, los cuatro habrían formado parte de un delito sistémico, por lo que el Barcelona como institución se encuentra también acusado. A pesar de que la ingeniería jurídica diferencia entre los dos primeros y los siguientes por el plazo de prescripción de los delitos y por el hecho de que la inclusión en el Código Penal del fraude deportivo date de 2010, después de la primera etapa de Laporta, la carga de las pruebas es idéntica para todos ellos, incluso mayor para presidente actual, puesto que aumentó la asignación a José María Enríquez Negreira. Por ética y sentido de la responsabilidad, y respeto a los socios del Barcelona, que en este caso también son víctimas, Laporta debería asumir su responsabilidad, poner su cargo a disposición y, si acaso, renovar la confianza de la masa social mediante un proceso electoral.
Las pruebas son tan concluyentes, dada la documentación que acredita los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que Laporta no puede ponerse al abrigo de la prescripción, del mismo modo que para los investigados sería un ejercicio inútil aferrarse únicamente a la presunción de inocencia sin armar una defensa coherente para minimizar las condenas, con el argumento de que no obtuvieron retorno alguno. La Fiscalía da por hecho que pagaron más de siete millones de euros durante, al menos, 17 años para influir en los colegiados a favor del Barcelona. Intentarán demostrar que esa no era su intención, pero, como susurran en la UEFA, "nadie paga tanto por nada".
Laporta, que prestará declaración como testigo y no será juzgado, no ha de esperar a sentencia alguna para decidir qué hacer en función de su situación, bajo mínimos en términos de credibilidad. Si continúa como máximo representante del Barcelona, el deterioro institucional acompañará al club, al haber formado parte de una corrupción sistémica. El desgaste que eso implica, deportivo, social y económico, puesto que puede suponer una retracción de patrocinadores, recomendaría que diera un paso al lado, asumiera las responsabilidades y, si su deseo es continuar, que fuera a través de un nuevo proceso electoral. El otro procedimiento sería que se viera obligado a hacerlo mediante una moción de censura, pero la oposición del Barça permanece aletargada y las alternativas posibles tienen pánico después de ver a un presidente dos años en prisión preventiva para después ser absuelto, y a otro dormir en una comisaría de los Mossos d'Esquadra por el Barçagate I, un juego de niños comparado con este Barçagate II.
La petición de regeneración debería partir de la propia masa social del Barça, a pesar de los brotes verdes que ofrece el equipo de Xavi después de una larga travesía del desierto. El equipo no puede por sí solo sostener a un club que se enfrenta a desafíos cruciales para su futuro, con una deuda galopante, un traslado a Montjuïc por dos años y la financiación y desarrollo del 'Espai Barça'. A Laporta corresponde, hoy, el mayor ejercicio de amor al Barça.
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